La Superintendencia de Servicios Públicos de Colombia anunció un paquete de medidas para la fase final de la intervención en la distribuidora Electricaribe, filial de la española Gas Natural Fenosa y en proceso de liquidación.

Las iniciativas buscan asegurar el suministro de energía en siete departamentos de la costa atlántica en los que opera la compañía, según lo anunció el Superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, en una rueda de prensa en Bogotá.

La principal de ellas es el desembolso de 135.000 millones de pesos (unos 45 millones de dólares) con los cuales Electricaribe podrá comprar energía para atender la demanda de su mercado hasta finales de 2018.

Al referirse a las otras decisiones, Mendoza señaló que "se solicitará una nueva garantía soberana para financiar el plan de inversiones de Electricaribe", con el fin de "conseguir recursos con miras a mejoras en la red de distribución".

También se conformará un comité de supervisión para asegurar la buena marcha de la última etapa del proceso de intervención y se adoptarán medidas de gobierno corporativo por parte de Electricaribe, como condición para recibir los recursos públicos anunciados.

Al defender el proceso de intervención y liquidación que comenzó hace un año, Mendoza destacó que lo que se busca es asegurar la buena marcha de Electricaribe y evitar un apagón en esa amplia zona del país, que abarca los departamentos costeños de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

"No se trataba de amenazas vacías, la costa estuvo cerca de un apagón, porque en 2016 esa región soportó 65 procesos de limitación de suministro", afirmó al defender la intervención.

Según el funcionario, hace un año "Electricaribe estuvo a punto de no poder comprar más energía" debido a la crisis financiera causada por factores como la morosidad y la piratería del servicio, entre otros.

Agregó que todo eso llevó a la intervención el 15 de noviembre de 2016, "porque ese día se iba a iniciar un apagón diario de hasta cuatro horas en los siete departamentos de la región".

Mendoza defendió que en un año se logró "poner en marcha la intervención más compleja de la historia del sector eléctrico colombiano, estabilizar a una compañía sumida en una profunda crisis financiera y preparar un diagnóstico exhaustivo que sirvió de base para ordenar la liquidación de Electricaribe".

Tras la intervención, el 14 de marzo de este año la Superintendencia dispuso la liquidación de la empresa y la búsqueda de un operador para asumir la prestación del servicio.

A esas medidas Gas Natural Fenosa respondió con un procedimiento arbitral ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) para reclamar a Colombia más de 1.000 millones de dólares por la liquidación.

La multinacional española argumentó en la documentación presentada "ausencia de trato equitativo y de seguridad jurídica en la actividad regulada en los últimos años" en Colombia y consideró que la toma de posesión de Electricaribe "constituye una expropiación sin indemnización".

Al referirse a las observaciones de la Contraloría General de Colombia que hace dos semanas advirtió de que la crisis de Electricaribe empeoró desde que el Gobierno ordenó su intervención, Mendoza señaló que han "tomado atenta nota".

"Creemos que las medidas anunciadas hoy servirán para atender las preocupaciones manifestadas por la Contraloría. (...) valoramos profundamente la acuciosa labor que cumplen las entidades de control en la fiscalización de procesos tan complejos como este", apostilló.

Ante especulaciones surgidas en medios de prensa sobre una posible devolución de Electricaribe a Gas Natural Fenosa, el funcionario desmintió planes en ese sentido.

"No tengo conocimiento de esos planes que se han mencionado en la prensa. En realidad esto es un proceso de insolvencia en el que tenemos que vender unos activos para pagar unos pasivos y simultáneamente asegurar la operación continuada del servicio de energía en la costa Caribe", dijo.

EFE