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CNE declara caducidad para investigar a Santos por la corrupción de Odebrecht

¿Corrupción o impunidad?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia declaró la caducidad de la investigación a la campaña del ahora expresidente Juan Manuel Santos dentro del proceso por la presunta financiación de la brasileña Odebrecht para su aspiración de 2014, informó hoy esa entidad.

Así lo aseguró el CNE en un comunicado en el que señaló que la sala plena "declaró la caducidad de la facultad sancionatoria de la Corporación (...) dentro de la actuación administrativa adelantada por la presunta violación al régimen de financiación de la campaña a la Presidencia de la República de Juan Manuel Santos Calderón en el año 2014".

Esta decisión se suma a la tomada por esa corporación el pasado 2 de agosto cuando con una votación de seis a dos archivaron por caducidad la investigación a la campaña presidencial de 2014 de Santos por la supuesta financiación de Odebrecht.

Días después, el 9 de agosto, decretaron la caducidad del proceso de investigación que realizaba a Santos, quien dejó la Presidencia el 7 de agosto, por la presunta financiación que recibió de la brasileña para 2010.

En ese momento el CNE envió copias a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que si había lugar, investigara al expresidente.

Igualmente, compulsó copias a la Fiscalía para que investigue al gerente, auditor y tesorero de esa campaña por los mismos hechos.

El escándalo de corrupción de la constructora tiene en la cárcel a Roberto Prieto, gerente de la campaña de Santos para la reelección en 2014, porque, según la Fiscalía colombiana, "solicitó cerca de 450.000 dólares" a la empresa.

Según documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht pagó 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África, entre ellos Colombia, donde habría entregado más de 11 millones de dólares entre 2009 y 2014.

Sin embargo, la Fiscalía señaló luego que las coimas que presuntamente pagó Odebrecht en Colombia fueron de 84.000 millones de pesos (unos 27,7 millones de dólares) y no 11,1 millones de dólares, como indicó en principio el Departamento de Justicia de EE.UU.

EFE

 

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