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9:27 am. Lunes 11 de Febrero de 2019
Así se reparten los puestos de Primera Infancia del ICBF
9:27 am. Lunes 11 de Febrero de 2019
Mientras la Procuraduría dice que el caso de Fidasvu es un problema entre contratistas, en Luruaco estos negocian el arriendo urgente de una sede y a cambio ofrecen contratar personal.

José Granados Fernández
@JoseGranadosFdz

Por años han abundado las denuncias sobre la deficiente calidad y la escasa cantidad de los alimentos que les ofrecen a niños atendidos por instituciones como el Bienestar Familiar, con el agravante de que nada mejora, pese a los anuncios de investigaciones exhaustivas.

Mientras los niños pierden, los contratistas, sin sonrojarse, se llenan los bolsillos. Hace dos semanas, Emisora Atlántico y Zona Cero.com denunciaron que, antes que asegurar una buena atención para los niños de Primera Infancia, el Bienestar Familiar en el Atlántico defiende y privilegia a los contratistas, pasando incluso por encima de su exigente Manual de Contratación.

Este es el caso de la Fundación Integral de Atención de Sectores Vulnerables, Fidasvu, a la que el propio director nacional de Primera Infancia y director encargado del Atlántico, Carlos Aparicio, le adjudicó un contrato por 1.819 millones de pesos sin que contara con la infraestructura para atender a 210 niños en Luruaco y 540 en Repelón.

Desde el 29 de diciembre, 14 días antes de que se reuniera el Comité de Contratación, en un correo electrónico sobre la “Documentación para la contratación 2019”, a Fidasvu, como nuevo contratista, y a otros 11 contratistas repitentes, el Centro Zonal de Sabanalarga les anticipó que, por “autorización de la coordinadora” (Stepanova Viana), comenzaran a organizar las carpetas para dicho trámite.

El 12 de enero, efectivamente, a los 12 contratistas que figuraban en el listado les adjudicaron los cupos. El servicio a los niños debía comenzar el 28 de enero, pero en el caso de Fidasvu, como lo denunciaron Emisora Atlántico y Zona Cero.com, las cosas no salieron bien por carecer de sedes en Luruaco y Repelón.

Era tal la correndilla que Mónica Gómez Pérez, representante legal de la cuestionada Fundación Integral de Atención de Sectores Vulnerables, paradójicamente llamaba desesperada a Jorge Luis Llanos, vinculado a la Fundación San Juan Bosco que prestaba el servicio de Primera Infancia en Luruaco.

¿Por qué esa llamada era paradójica? Pues, porque, según Carlos Aparicio, a la Fundación San Juan Bosco le quitaron el contrato porque su infraestructura no cumplía las exigencias del Bienestar Familiar y el nuevo contratista, Fidasvu, prometía una mejor sede. ¿Cómo podía cumplir el nuevo contratista si las instalaciones que pretendía alquilar eran las que el ICBF había descalificado?

En la llamada, que circula vía WhatsApp en Luruaco, Gómez y Rodríguez hablan del arriendo y de la presunta exigencia de puestos de parte del alcalde Antonio Roa.

En pos de que le arrienden la sede descalificada, la representante de Fidasvu le ofrece al excontratista emplearle al personal que tenía en la Fundación San Juan Bosco.

Lo que sigue es más diciente: a punta de ofrecimientos de puestos, el hermano de Gómez intenta convencer al administrador Rodríguez de que si hacen la negociación del arriendo le dejan al personal que él diga.

Al final, en la conversación lo que queda en evidencia es que el personal que contratan como manipuladoras de alimentos, y seguramente el que se encarga de atender el aprendizaje de los niños de Primera Infancia, se maneja como cuotas políticas.

La negociación del arriendo no se hizo y Fidasvu tuvo que arrendar otra sede, abandonada y desvencijada, que debió reparar a las carreras para que el propio Bienestar Familiar terminara diciendo que sí cumple sus exigencias. Sin embargo, a Carlos Aparicio, quien pregona que el proceso de contratación fue transparente, y al recién posesionado director del Atlántico, Benjamín Collante, quien argumenta que su trabajo será velar por el bienestar de los niños, Emisora Atlántico y Zona Cero.com les pidieron las actas del formato Información del Inmueble, pero ninguno las ha entregado.

Sobre estas denuncias periodísticas, la procuradora regional, Margarita De la Hoz, dijo en presencia del procurador general, Fernando Carrillo, que se trataba de un “problema entre contratistas”, minimizando las irregularidades de los funcionarios del Bienestar Familiar que adjudicaron el millonario desconociendo el Manual de Contratación.

La llamada telefónica demuestra todo lo contrario de lo que opina la procuradora De la Hoz: el caso de Fidasvu no es un problema entre contratista, pues en la grabación queda claro que en Primera Infancia lo importante es ganarse los millonarios contratos para después salir a resolver como sea la atención de los niños, incluso ofreciendo puestos. Mientras esto sucede, la Procuraduría prometerá otra exhaustiva investigación, que seguramente no dará resultados.

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