La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 13 años a la alcaldesa de Chiriguaná, Cesar, Zunilda Toloza Pérez, y a los concejales Walter García Machado, Miguelina Esther Orta Montecristo y Alexander Barragán Galviz, por incumplir una decisión judicial.

El órgano de control encontró que ni la mandataria ni los miembros del concejo acataron lo dispuesto por el Juzgado Civil del Circuito de Chiriguaná, respecto a elegir y posesionar, a quien ocupó el primer puesto en la lista de elegibles resultante del concurso para el cargo de personero, en un plazo de 48 horas.

Con su conducta los disciplinados transgredieron el término ordenado por el juez, retrasando por más de 15 meses la posesión del personero, que debía darse en el mes de julio de 2016 y solo se pudo llevar a cabo hasta noviembre de 2017.

La Sala Disciplinaria de la Procuraduría consideró que los funcionarios municipales tenían la obligación de cumplir en su integridad el fallo del juez de tutela, para amparar los derechos fundamentales del accionante, respetando las reglas establecidas en el concurso.

A juicio del ente de control los disciplinados transgredieron lo establecido en el artículo 414 del Código Penal que contempla que los servidores públicos que omitan, retarden, rehúsen, o denieguen un acto propio de sus funciones, incurrirán en el delito de prevaricato por omisión.

Las faltas de Toloza Pérez, García Machado, Orta Montecristo y Barragán Galviz fueron calificadas por el fallador de segunda instancia como gravísimas cometidas a título de dolo, por cuanto a pesar de que su investidura los obligaba a atender lo ordenado en el fallo de tutela, incumplieron voluntariamente las funciones que les fueron asignadas constitucional y legalmente.