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José Humberto Torres, Defensor de Derechos Humanos.
4:00 pm. Miércoles 20 de Noviembre de 2019
500 organizaciones exigen respeto y garantías al derecho a la protesta
4:00 pm. Miércoles 20 de Noviembre de 2019
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Y dieron a conocer las razones para participar en el paro nacional de este jueves.

Más de 500 organizaciones que conforman La Alianza de Organizaciones Sociales y Afines, la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo y la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular convocaron a la participar activa en el Gran Paro Nacional que se llevará a cabo este jueves 21 de noviembre “en contra de las medidas regresivas asumidas por el Gobierno de Iván Duque, en materia de construcción de paz y DDHH”.

El Defensor de Derechos Humanos, José Humberto Torres, destacó que el éxito de la marcha estudiantil del 31 de octubre en Barranquilla consistió en dos hechos de gran trascendencia, porque no se presentaron actos de vandalismo y fue respetado el derecho a la movilidad de quienes no participaron.

Por esto, consideró que “el éxito del paro nacional de mañana se medirá por la masiva participación en este y en particular por el carácter pacífico por el que se lleven a cabo las movilizaciones”.

Las organizaciones dieron a conocer las razones de su participación en la jornada:

“1. Un gobierno que se opone a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, atacando las instituciones del SIVJRNR, escatimando voluntad y presupuesto para su adecuada ejecución en el Plan Nacional de Desarrollo (2018-2022) y dejando de lado un enfoque de derechos humanos, especialmente económicos, sociales, culturales y de género. 

“2. La política de seguridad y defensa, léase “seguridad democrática” cuya centralidad está en la militarización de los territorios, el posicionamiento de cúpulas militares que perpetúan la lógica del enemigo interno, y una doctrina militar que infringe el DIH al promover resultados operativos a cualquier costo, incluyendo bombardeos, el regreso de ejecuciones extrajudiciales, así como el desconocimiento y estigmatización de los pueblos y comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinos y sectores populares, dando trato de guerra a los civiles que ejercen el derecho a la protesta. 

“3. Políticas de gobierno que responden con represión a los legítimos reclamos de las comunidades en los territorios y a los estudiantes que reivindican una educación pública de calidad y con recursos suficientes, así como los abusos en el uso de la fuerza por parte del ESMAD que se evidencian en el creciente número de personas que han perdido la visión o sus ojos a consecuencia del uso indebido de armas de letalidad reducida por parte de francotiradores. 

“4. La falta de garantías para la defensa de los derechos humanos. En lo corrido del año se ha incrementado el asesinato de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas indígenas, campesinos, LGBT, afros y sindicales, al igual que el de excombatientes de las FARC-EP en proceso de reincorporación. Ante este exterminio, el Gobierno miente diciendo que más de la mitad de los casos han sido esclarecidos, criminaliza a defensoras y defensores de derechos humanos, desconoce las propuestas de la sociedad civil para fortalecer las medidas de prevención, protección y garantías, y usa esto como excusa para militarizar los territorios. 

“5. La pretensión de reformar las políticas laborales y pensionales precarizando aún más el empleo, especialmente para los más jóvenes, legalizando el trabajo por horas y las cotizaciones a la seguridad social por debajo del salario mínimo. Destruyendo el Sistema Público de Pensión, aumentando las condiciones de edad y cotización y legalizando pensiones por debajo del salario mínimo favoreciendo solo a los oligopolios financieros. 

“6. El incumplimiento de las recomendaciones de los diversos mecanismos internacionales de protección derechos humanos de la ONU y el Sistema Interamericano, y la negativa a recibir las visitas de los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU al país”.

Por estas y otras razones las diferentes organizaciones expresaron su rechazo a:

“- Los pronunciamientos deslegitimadores del derecho a la protesta social de la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y el presidente de la República, que generan un ambiente de tensión y miedo al anunciar que “cualquier expresión de violencia será enfrentada con rigor”.  - - “- Las medidas impuestas para reprimir la movilización social que sólo tienen sentido en contextos de estados de excepción, como el patrullaje de militares en las ciudades y en las comunidades indígenas, toques de queda, allanamientos, como los acaecidos en la mañana del 19 de noviembre a residencias de líderes estudiantiles y a colectivos artísticos que, acompañados de señalamientos irresponsables, incrementan el riesgo de estas expresiones sociales.  

“- El práctico abandono de la política de paz, el menoscabo de los derechos sociales, la falta de garantías para las libertades democráticas y la creciente militarización de la vida civil, que perpetúan el círculo de violencia, corrupción y pauperización que hemos soportado por tantos años, dada la incapacidad de las clases dirigentes y los gobiernos de turno”. 

Finalmente aseguraron que, como plataformas sociales y de DDHH, “ratificamos que las diversas expresiones de descontento de la ciudadanía que tendrán lugar este 21 de noviembre no están encaminadas a generar situaciones de violencia y constituyen, por el contrario, un ejercicio legítimo de la sociedad crítica de este país, por lo que hacemos un llamado al gobierno nacional a brindar todas las garantías constitucionales para el ejercicio pacífico de este derecho”.

 

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