9:46 am. Domingo 07 de Enero de 2018
Opinión
9:46 am. Domingo 07 de Enero de 2018

Bajo la presidencia de César Gaviria Trujillo se promovió una reforma que buscaba integrar la historia con las otras ciencias sociales. La idea no era del todo mala, pues pretendía favorecer el análisis multifactorial de la sociedad y propiciar la enseñanza de aquellas disciplinas partiendo de este supuesto pedagógico.

Pero la aplicación de la medida (que regía para la enseñanza básica primaria y media) contribuyó a disminuir la importancia de la historia como medio para formar la mentalidad crítica, la memoria nacional, y como instrumento en la construcción de ciudadanía.

Es decir, la historia en sus diversas facetas se diluyó como consecuencia del criterio pedagógico de interdisciplinariedad impuesto por el gobierno para la educación en aquellos niveles, afectando negativamente la formación de individuos con una adecuada comprensión del desarrollo del país.

Esto es lo que se pretende enmendar ahora con la reforma a la Ley 115 de 1994, popularmente conocida como Ley General de Educación. La Ley No. 1874 del 28 de diciembre de 2017, a través de la cual se restituye la enseñanza de la historia en sentido independiente, ha generado una polémica nacional por cuanto su texto parece no expresar la idea inicial de la senadora Viviane Morales, la proponente en el congreso.

Recuérdese que la propuesta inicial que conoció el país se centraba en restituir la enseñanza de la historia como asignatura independiente, debido al peso que se le atribuía a esa disciplina en la formación de niños y jóvenes críticos y conocedores de su nación.

De hecho, en el Proyecto de Ley radicado por la doctora Morales en el senado en abril del año 2016, esa idea central se expresó así: “ARTÍCULO 1. OBJETO. La presente ley tiene por objeto la enseñanza obligatoria de la historia como una asignatura independiente en la educación básica y media (…)”.

En la ley aprobada por el congreso, este mismo artículo quedó así: “(…) La presente ley tiene por objeto restablecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media (…)”.

Obsérvese que entre el párrafo del proyecto y el de la ley ya aprobada hay diferencias notables: 1) en el proyecto se escribe acerca de la enseñanza de la historia en general, sin especificar una temática en concreto; 2) en la ley propiamente dicha ya se trata de la enseñanza de la Historia de Colombia, y 3) “como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media”.

Esta aparente o real imprecisión es lo que ha levantado una polvareda en las redes sociales, y ha llevado a algunos profesores y columnistas a sostener que la reforma no cambió nada, y que las cosas van a seguir como estaban antes de promulgarse la ley que obliga a enseñar la historia de manera desagregada de las demás ciencias sociales.

La ley incluyó varias imprecisiones, confusiones y ambigüedades (y parece no haber contado con el apoyo de un corrector de estilo idóneo), pero no creo que se haya hecho tanta alharaca mediática como para no cambiar nada, es decir, para que la enseñanza de la historia permanezca diluida en el inmenso océano de las ciencias sociales.

Este planteamiento opuesto al de los críticos de la ley se puede corroborar analizando los demás componentes de la misma. En el artículo 1, ya mencionado, se incluyen los siguientes objetivos: “a) Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la Nación colombiana; b) Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial; c) Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país".

Estos tres objetivos de la ley son idénticos a los del proyecto de 2016. Es incomprensible que hayan sido aprobados por el congreso para que las cosas sigan como venían hasta ahora.

La reforma pretende cambiar la enseñanza de la historia buscando el desarrollo de un pensamiento crítico en los niños y jóvenes a través de “la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país, en el contexto americano y mundial”, lo cual se lograría mejor con una enseñanza desagregada de la historia.

Así mismo, contribuir a la formación de una memoria histórica que integre el tema de la reconciliación y el de la paz en el pensum, y que ayude a estructurar una identidad nacional que sepa reconocer la diversidad cultural de la nación, son asuntos que pueden ser mejor entendidos y tratados acudiendo a la perspectiva histórica y a una enseñanza especializada.

Si esto puede verse así, a pesar de las ambigüedades de la norma, ¿cómo comprender aquello de “restablecer la enseñanza obligatoria de la Historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales?”.

Este agregado al proyecto inicial (que me imagino fue incluido por los miembros del Ministerio en la discusión que antecedió a la Ley) podría interpretarse de varias maneras: a) como lo están haciendo algunos críticos, es decir, como un conejo que mató la esperanza de enseñar historia de modo independiente; b) como lo haría un conocedor en planeación del currículo.

Es obvio que las asignaturas, contenidos o actividades curriculares deben tener cierta organización y cierto estatus dentro del pensum. La historia no puede ser una rueda suelta, ni integrarse a las ciencias naturales. Además, su enseñanza debe seguir nutriéndose de la “integración” con las otras ciencias sociales, tanto en el sentido más general como en el de la práctica pedagógica.

La historia debe ir articulada a algún campo o nivel del currículo, así su enseñanza sea independiente. Y su nicho normal de integración son las ciencias sociales, más que con cualquier otro en el ámbito curricular. Creo que de este modo debe interpretarse la parte del párrafo que sembró la duda entre historiadores, columnistas y profesores de historia.

No me parece que la ley pretenda que la historia deba seguir enseñándose como hasta ahora, aunque por necesidad ella caiga en el terreno de las ciencias sociales en cuanto a organización del currículo, al establecimiento de contenidos e intensidad horaria.

Si las cosas no fueran a ocurrir de esa manera, no se justificaría la inclusión del artículo 2 en la ley, el cual reza: “Adiciónese un literal al artículo 21 de la Ley 115 de 1994, Objetivos específicos de la educación básica primaria, el cual quedará como literal ‘N’ así: La iniciación en el conocimiento de la historia de Colombia y de su diversidad étnica, social y cultural como nación”.

Y tampoco sería adecuado incluir el artículo 3, que textualmente expresa: “Modifíquese el literal ‘H’ del artículo 22 de la Ley 115 de 1994, Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, el cual quedará así: H) El estudio científico de la historia nacional, latinoamericana y mundial, APOYADO POR OTRAS CIENCIAS SOCIALES (resalte mío), dirigido a la comprensión y análisis crítico de los procesos sociales de nuestro país en el contexto continental y mundial”.

Del mismo modo, sobraría el importante parágrafo del artículo 4, que a la letra sostiene: “LA EDUCACIÓN EN HISTORIA SE OFRECERÁ COMO UNA ASIGNATURA INDEPENDIENTE DE LAS DEMÁS CIENCIAS SOCIALES” (resaltado mío).

Además, si la reforma no busca la enseñanza de la historia de manera independiente con respecto a las ciencias sociales en la educación básica primaria y secundaria, no habría porqué incluir el artículo 7, cuyos dos parágrafos definen de forma explícita lo que cabe hacer de ahora en adelante para instituir ese tipo de enseñanza desagregada.

El parágrafo 1 de ese artículo trata de los tiempos para proceder a los cambios curriculares pertinentes, y el parágrafo 2 crea la Comisión Asesora del Ministerio de Educación Nacional para la enseñanza de la Historia, esta última como un órgano consultivo para la reforma del currículo. ¿Se reformará el currículo por parte de equipos especializados para  seguir haciendo lo mismo que se hacía, después de los cambios de los años noventa?

Es claro que la nueva norma sostiene que su objeto es reformar la enseñanza de la historia, con el propósito de emplear esta como un instrumento de desarrollo de la memoria histórica, de la identidad nacional y del pensamiento crítico, de manera independiente con respecto a las demás ciencias sociales.

Una lectura atenta y desapasionada de su articulado lleva directamente a esta conclusión, más allá de las ambigüedades y errores de estilo que el texto pueda contener.

De ahora en adelante, los profesores, historiadores, columnistas y público en general harían bien en velar por su pronta implementación, a raíz del papel que podría cumplir en la creación de una nueva conciencia nacional. 

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