8:00 am. Sábado 15 de Septiembre de 2018
Opinión
8:00 am. Sábado 15 de Septiembre de 2018

La agenda legislativa del Congreso de la República, que apenas inició el pasado 20 de julio de este año, sí que dará mucho de qué hablar pues son varios los proyectos de reformas constitucionales y legales que han sido presentados algunos por el Gobierno Nacional y otros por los partidos declarados como independientes, como es el caso de Cambio Radical y el Liberal. Tal es el caso,  por ejemplo, de la propuesta de reforma a la justicia, radicada esta semana por el Ejecutivo y que se ha vuelto una verdadera “quimera” para cada gobierno entrante.

Y en medio de todas esas propuestas reformatorias que ocuparán la atención del legislativo en este periodo de sesiones, encontramos una que nos ha llamado muchísimo la atención por su importancia y  novedad: nos referimos al proyecto de ley número 137/18C “Por la cual se dictan normas sobre la disolución y liquidación de la sociedad anónima simplificada” de la autoría del Representante a la Cámara por Sucre, Héctor Vergara Sierra,  que pretende establecer nuevas reglas para facilitar la liquidación y la reactivación comercial de dichas sociedades.

Las sociedades anónimas simplificadas, hoy conocidas como “SAS” son una novedosa modalidad de compañía o empresa comercial que se creó en Colombia a partir de la ley 1258 de 2008. Las ventajas de este tipo de sociedad, entre varias, son las siguientes: (i) se pueden crear con un solo socio; (ii) se constituyen a través de un documento privado y por lo tanto ya no es necesario legalizar nada  ante una Notaría, lo que de paso representa un ahorro en los gastos de escrituración; (iii) los accionistas gozan de una amplísima libertad para fijar las reglas para su manejo y administración; (iv) pueden realizar todo tipo de actividades comerciales sin que sea necesario especificar unas concretas como ocurre con los otros tipos de sociedades (limitadas, anónimas, etc.) y (v) es un instrumento que protege  patrimonialmente a sus accionistas frente a pasivos laborales o tributarios de la compañía salvo que se prueben actos fraudulentos.

Bueno, la importancia de la SAS en la actualidad es tanta que según la estadísticas recientes de cada 100 sociedades que se crean en el país, por lo menos 98 son SAS. De la misma forma, durante la primera década de su creación, es decir entre el 2008 y 2018, los registros públicos muestran que se han creado más de medio millón de SAS. De este modo, lo anterior, demuestra que la SAS es un modelo societario ampliamente aceptado por los empresarios colombianos y extranjeros que ven en ella muchas ventajas y de ahí que cualquier reforma que se pretenda introducir a esa figura legal merece toda la atención del caso.

El precitado proyecto de ley, no sólo deja intacta la figura de la SAS, sino que busca fortalecerla en aspectos tales como: (i) agiliza el trámite de disolución y liquidación de la compañía, es decir busca facilitar la desaparición definitiva de la sociedad para aquellos accionistas que ya no deseen continuar con su funcionamiento lo que actualmente no resulta sencillo y por el contrario se ha vuelto engorroso y costoso; (ii) fija reglas flexibles que se deriven del común acuerdo de los accionistas durante el proceso de liquidación de la sociedad distintas a las que hoy se hallan vigentes que son rígidas y aparecen determinadas sólo en la ley; (iii) la posibilidad de reactivar la sociedad así se haya disuelta la compañía con lo cual podrá salir del estado de liquidación y reiniciar las actividades comerciales propias de su objeto social y (iv) se crea el registro público electrónico para que todos los trámites societarios que se deben efectuar ante las cámaras de comercio, puedan surtirse por estos canales, con lo cual se harán más accesibles y económicos para los particulares.

No hay duda entonces que este proyecto, si se convierte en ley de la República, no sólo vendrá a fortalecer el régimen de las SAS en el país, sino que además se constituirá en un instrumento eficiente para facilitarle a los comerciantes la rápida evacuación de los trámites necesarios tanto para su liquidación y reactivación empresarial, sin perder de vista lo beneficioso que será para todos los ciudadanos que se ponga en funcionamiento el registro público electrónico que llevan las cámaras de comercio.

Este tipo de propuestas legislativas, que son novedosas e interesantes, deben ser ampliamente difundidas y ojalá apoyadas por todos los congresistas, pues como representantes del pueblo están llamados a atender las diversas necesidades de la ciudadanía, siendo una de ellas la que ahora se pretende implementar con la modificación al régimen de las SAS, siendo que se trata de compañías creadas  para explotar actividades comerciales, generar empleo, riqueza y de paso atraer la inversión extranjera. Los congresistas tienen la última palabra. Apoyarán el proyecto de ley?. Comentarios y sugerencias al correo mrtamayo@hotmail.com

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