4:51 pm. Martes 04 de Septiembre de 2018
Opinión
4:51 pm. Martes 04 de Septiembre de 2018

Muchas son las explicaciones que deben dar las autoridades sobre el manejo que se dio, a los dos casos más comentados por estos días en la crónica judicial de la ciudad de Barranquilla: el secuestro, ahora llamado feminicidio de la señora Brenda Pájaro y el secuestro del señor Fito Acosta.

Luego de ver el espectáculo circense dispuesto por el Comandante de Policía Metropolitana de Barranquilla para anunciar que el señor Acosta ya se encontraba en casa rodeado de familiares y amigos, él J3 como llaman al Comandante Operativo de la Policía, salió a decir en una desvencijada rueda de prensa que gracias a la reacción inmediata de la Policía Nacional se logró que los captores liberarán al señor Acosta.

De ser eso cierto, es decir, que gracias a la implementación inmediata del “Plan Candado”, Acosta fue liberado, ¿cuál es la explicación para que las autoridades no hubiesen actuado de inmediato y de la misma forma una vez se conoció el secuestro de Brenda Pájaro?

La disculpa no puede ser que no lo sabían, pues al igual que en el caso de Acosta las autoridades fueron enteradas casi que de inmediato del secuestro de Brenda Pájaro.

De lo ocurrido con el señor Fito Acosta se ha dicho de todo, “que El Caracol lo mandó a recoger para que le pagara la deuda de $3.500 millones que tiene por cuenta de la ladrillera”, “que policías uniformados y en servicio montaron en retén para entregarlo a sus captores”, “que se trata de un ajuste de cuentas por su relaciones “non santas” con algunos personajes del crimen organizado de la ciudad que han regresado a pedir cuentas de sus inversiones”, “que fue un auto secuestro para darse publicidad”, en fin.

Sea lo que sea, más allá de esa mezcla de fanfarronería, chulería afable y el engreimiento que al parecer caracteriza la personalidad del señor Fito Acosta, de quien nada sé, y nada me consta de sus actividades públicas y/o privadas, son las autoridades las llamadas a responder los numerosos interrogantes que se ciernen sobre su caso.

Deben también las autoridades dar explicaciones ciertas, coherentes y creíbles del por qué en el caso de Brenda Pájaro no actuaron con la misma rapidez, eficiencia e interés que demostraron con el caso de Fito Acosta. Uno pudiera imaginar que el trato que se dio a los dos casos no fue el mismo porque visto esta, que mientras Brenda se transportaba  en vehículos de servicio público, Acosta se movilizaba en su flamante Lamborghini; mientras que la hija de Brenda debía asistir por razones de salud a la Fundación Sonrisa de Esperanza, a los hijos de Fito se les conoció por destruir el lobby de un lujoso edificio luego de protagonizar una riña por el uso de los parqueaderos de la edificación.

Las diferencias de tratamiento a un mismo fenómeno, el secuestro de personas en Barranquilla, se evidencian aún más si se contrastan las declaraciones del Alcalde de la ciudad en uno y en otro caso. La misma noche en que se produjo el secuestro de Fito Acosta, Char manifestó su rechazo rotundo al hecho e informó la llegada de 17 especialista de inteligencia del Gaula que unidos a los 32 que operan en la ciudad sumarian un total de 49 funcionarios dedicados exclusivamente al caso Fito Acosta.

Después de aseverar que se contaba con “los mejores equipos de inteligencia del país, del mundo y Barranquilla para solucionar este problema”, la primera autoridad de Barranquilla exigió resultados inmediatos a los gendarmes arguyendo que el Distrito les estaba proporcionando todas las herramientas que el caso requería.

En el caso de Brenda Pájaro, el Alcalde no se inmutó, todo indica que el secuestro de esa joven mujer para nada lo perturbó, solo 34 días después del hecho se pronunció a través de su cuenta en twitter: “Repudiamos de manera enérgica el crimen de Brenda Pájaro Bruno”, “Enviamos nuestras sentidas condolencias a su familia y allegados” y pidió que todo el peso de la ley caiga sobre los responsables.

Mientras que en el caso del señor Fito Acosta las autoridades se esforzaron por cumplir a cabalidad su deber constitucional de proteger a las personas en su vida, honra y bienes, en el otro, en el de Brenda Pájaro, se hecho de menos la publicitada acuciosidad e interés que pusieron al primer caso, en este último se olvidaron que por mandato del artículo 13 de nuestra Constitución Política todas las personas nacen libres e iguales ante la ley y en consecuencia  deben recibir la misma protección y trato de las autoridades sin discriminación alguna.

Ojalá el señor Procurador Fernando Carrillo, que al parecer ya anda en precoz [léase prematura] campaña presidencial, tome cartas en el asunto y proceda a investigar la infame discriminación con la que nuestras autoridades locales trataron el secuestro de Brenda Pájaro.

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