10:52 am. Martes 07 de Noviembre de 2017
Opinión
10:52 am. Martes 07 de Noviembre de 2017

Son tantos los problemas del país, y tan complejas sus explicaciones, que una sola semana de vida nacional da para hacer una serie más longeva que la franquicia de Rápido y Furioso. En todo caso, el fin se acerca, Rodrigo Londoño, antes conocido como ‘Timochenko’ en el bajo mundo del castro-chavismo-narco-satánico, anunció su candidatura a la presidencia para las elecciones de 2018; junto a otra tanda de terroristas farianos que ocuparán puestos en el Congreso, en una lenta, pero impasible, marcha sobre las instituciones nacionales con el fin último de llevar al país al apocalipsis venezolano.

Lo importante, como siempre, no es lo evidente. En el caso de la candidatura de las Farc, el problema no es Timochenko, es el Congreso, los medios y la gente ¿Por qué el Congreso? Por lo de siempre, por clientelista y oportunista. No hay que ser doctor en ciencias políticas para entender que lo que causa rasquiña a los colombianos es que los guerrilleros no hayan pagado ni un día recogiendo basura en un parque y ya puedan acceder a puestos a los que el 99% de las personas que viven en el país  no va a acceder en toda su vida.

La clave está en lo que viene después, a los colombianos, tan suspicaces como somos, no se nos da mucho lo de preguntar el porqué de las cosas. En La Habana se acordó la creación de una Justicia Especial para la Paz (JEP), solo ese organismo puede juzgar a los exguerrilleros, su existencia es la única razón por la que hoy día no están con sus fusiles en la mano. Desde luego, este organismo no ha absuelto a los cabecillas como Timochenko de toda culpa para que nos aplasten con su bota marxista, el asunto es que el organismo no ha, siquiera, empezado a funcionar ¿La razón? Pues que el Congreso lo está usando como herramienta de extorsión contra el Ejecutivo (o sea el Gobierno Santos).

Los legisladores, tanto en Senado como Cámara de Representantes, esperan la adjudicación de puestos públicos en corporaciones, organizaciones y entidades de diversa índole a cambio de los preciados votos que son tan necesarios para aprobar a cabalidad  la Ley estatutaria de la JEP. Para ponerlo simple, están raspando el tarro de la famosa mermelada del Gobierno que agoniza en sus últimos meses.

A esto se suman, desde luego, las próximas elecciones parlamentarias y presidenciales. Los políticos no son tontos, podrán ser sociópatas carentes de cualquier tipo de principio o convicción más allá del bienestar personal, pero tontos no son. En Colombia casi nadie quiere la paz, están los que de plano todavía esperan la rendición completa e incondicional de la guerrilla; luego están los que quieren paz, pero sin guerrilleros, se han planteado seriamente el fin del conflicto armado, pero jamás el fin del conflicto social y político. Para ambos tipos de personas los guerrilleros son auténticos parias, la diferencia es si merecen una bala en la cabeza o el rechazo sistemático de la sociedad.

Entonces ¿qué parlamentario va a querer ser recordado por su apoyo al proceso de paz? Puede que en unos 20 o 30 años ese apoyo sea considerado valioso, pero, definitivamente, no lo va a ser en los próximos siete meses. Ahora los congresistas reculan sobre todo lo que han respaldado con tan vehemente entusiasmo a lo largo de la era Santos, cuando todavía era el señor de la mermelada.

No todos los congresistas entran en el mismo paquete, de eso deberíamos aprender los colombianos, castigar políticamente a todos aquellos que venden sus ideas con la misma facilidad con la que se cambian de medias. Además, quizá podríamos entender de una vez por todas que el clientelismo del Estado no lo creó Juan Manuel Santos, le tocó trabajar con él, la otra opción era sustentarlo a punta de fusil como lo hizo Uribe con la parapolítica.

Los medios no ayudan en este ambiente de río revuelto, obviar cosas, omitir detalles, no relacionar un problema con otro; nada de eso ayuda a la construcción de paz, ni a solventar la ignorancia nacional. Una cosa es la evidente falta de sentido común de las Farc y otra que ellos sean los culpables de no haber sido juzgados por la JEP, el culpable es el Estado. Por más irónico que suene, en estos momentos la Farc es víctima de un Gobierno disfuncional.

“El hombre que no conoce su historia está condenada a repetirla”, hay frases que parecen material sensiblero para estados de Facebook hasta que, con horror, asistimos a su materialización en la realidad. Hace poco más de 20 años políticos de la guerrilla fueron exterminados sistemáticamente por un Estado intolerante, enraizado en el poder por la fuerza de las armas y el control de todos los medios económicos. Con horror hoy vemos como, mientras la agenda del acuerdo de paz se ve relegada por la contienda electoral, el desastre de la Unión Patriótica se repite: líderes sociales y exguerrilleros son asesinados, mientras al naciente movimiento político se le estigmatiza y discrimina, todo con la mirada complaciente de una sociedad que cada día encuentra más formas de justificar su estancamiento.

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