2:58 pm. Domingo 16 de Abril de 2017
Opinión
2:58 pm. Domingo 16 de Abril de 2017

En este país, muchas personas ingresan a la política para hacer dinero o para arreglar sus asuntos personales, de familia o de grupo. En otros casos, para proyectar su poder económico en el campo de lo político y, de este modo, controlar dos facetas fundamentales de la sociedad contemporánea, la economía y la política.

Se sabe que el terreno especial del poder político está constituido por el Estado y su relación con los partidos y con las clases o grupos sociales. El Estado es el escenario por excelencia del ejercicio del poder por parte de estos agentes.

El ejercicio político en las democracias contemporáneas no transcurre de manera independiente, sino predefinido por las lógicas de la economía de mercado, cuando esta concurre con la democracia.

De tal manera que el espíritu de la ganancia y de la acumulación de riqueza impregna inevitablemente el proceso político, y lo convierte en un medio para la consecución de dinero o para el enriquecimiento personal o grupal.

Esta complementación entre la democracia y la economía de mercado está en la base de la corrupción de los políticos, de los funcionarios y de los electores. Si lo único que importa es conseguir bienes, prebendas o dinero mediante el Estado resulta comprensible por qué este y sus recursos son convertidos en coto de caza por los depredadores del erario.

Ese fenómeno estructural se ve reforzado por la ausencia de programas para cambiar la realidad por parte de la mayoría de los políticos, y por la escasa formación ética de estos y de la mayoría de la población.

Se crea así un círculo vicioso que nutre el clientelismo, una de las peores plagas de las democracias, el cual posee un gran poder corruptor sobre las masas y las élites, aparte de ser el peor enemigo del mérito y del manejo pulcro de las finanzas públicas.

Político sin programa, sin principios y sin cultura de respeto por lo estatal suele ser pasto biche de la corrupción, sin que importe mucho la orientación ideológica, como se comprueba en el caso colombiano.

Además, siempre hay una presión muy fuerte sobre el Estado de parte de los excedentes de fuerza laboral en los campos y las ciudades, los cuales son también materia disponible del clientelismo y de la corrupción, si las oportunidades son propicias.

Pero la madeja más importante que propicia la corrupción está en los contratistas del Estado. Los contratos suelen ser de diversos montos, aunque el modus operandi de los corruptos es bastante parecido en casi todos los casos.

Esta cadena de la corrupción involucra a funcionarios estatales y a los empresarios interesados, quienes engrasan con dinero a quienes tienen el poder de decidir en el otorgamiento de los contratos. Esa cadena integra, además, a los lobistas, expertos en relaciones y en ayudar a apuntar hacia el funcionario adecuado, para obtener un contrato que genere altas ganancias, luego de descontar los gastos de operación dentro del sistema.

El soborno para lograr el objetivo es un medio muy común que funciona bien tanto a nivel de los megacontratos como de los de menor cuantía. En una Universidad Pública, por ejemplo, no es raro que los contratistas intenten sobornar directamente a los funcionarios encargados de aprobar los gastos e inversiones. Cuando logran su propósito, el círculo de la corrupción se cierra, liderado por los funcionarios y por los contratistas privados.

Pero los políticos corruptos también son una pieza clave del engranaje. No es un secreto que muchos empresarios subvencionan las campañas de los políticos. Esta es una primera vía para envilecer el sistema democrático. También han existido (y existen) empresas electorales con una fuerte conexión con los contratistas. Es inevitable que esta mezcla actúe sobre el erario, a la hora de aprobar los planes que influyen sobre el otorgamiento de los contratos.

El problema se complica aún más porque las instituciones encargadas de atacar o reprimir la corrupción también son penetradas por los corruptos. En este nivel del asunto, la plaga de la corrupción ya ha hecho metástasis, y la lucha contra ella parece una tarea de Sísifo.

La complejidad del asunto requiere soluciones muy difíciles, cuya concreción parece imposible en una sociedad como la nuestra, marcada por la corrupción a todos los niveles, pues el punto de partida de esta no es solo económico sino también cultural.

Los antivalores y la escasez de principios en los protagonistas de la corrupción se convierten en aspectos decisivos en el triunfo de las prácticas corruptas.

De donde se infiere que el esfuerzo por combatirlas no solo pasa por afilar las armas de la ley y de las instituciones que las enfrentan, sino por derribar el sistema de antivalores que nutre el comportamiento de la gente.

En cuanto a los políticos y a los empresarios corruptos, la censura social y todo el peso de la ley serían las armas más idóneas para enfrentarlos, pero contando con el trabajo de instituciones incorruptibles y de funcionarios probos, lo cual es muy difícil de conseguir en este país por razones socioeconómicas y por las secuelas de la guerra.

Uno se siente tentado a creer que el modelo de político weberiano es la solución para enfrentar el tema de la política corrupta. Pero cuán difícil es forjar un político que piense en el bien común antes que en lo demás, y que defienda lo público apoyado en sus principios.

Tampoco es posible evitar la influencia de la lógica de la ganancia en el campo de la política, idea sugerida por el expresidente Mujica. La democracia está mucho más allá de la economía de mercado (pues abarca otras facetas no económicas), pero nunca puede sustraerse a los efectos perversos del poder del dinero.

Teniendo en cuenta la tarea durísima que implica combatir la corrupción, lo único claro es que la sociedad debe seguir bregando por minimizarla, cercenando las fuentes que la nutren, mediante el blindaje de las instituciones estatales. Cuando el clientelismo y la politiquería se adueñan de estas, se crea un caldo de cultivo para la corrupción que provoca, al final, su deterioro o extinción.

Por esto, una buena estrategia para combatir la corrupción que provocan el clientelismo y la politiquería consiste en proteger las entidades del Estado para que ese cáncer no acabe con ellas, sobre todo con las educativas y las de la salud. Los agentes más destacados del asalto destructivo contra lo público son los políticos corruptos.

La censura social contra los corruptos es otra forma de combatir la corrupción. Pero su fortalecimiento o desarrollo requiere de un trabajo muy dedicado de toda la sociedad para construir una cultura ciudadana de defensa de lo público. La indolencia o complacencia ante los corruptos es una clara muestra de la ausencia de esa cultura ciudadana, nutrida de nuevos valores asentados en la ética y en el respeto por lo público.

Es necesario seguir desarrollando las normas contra los corruptos, aparte de continuar la tarea de someter a los depredadores del erario a la ley y a la cárcel. Porque la peor plaga de nuestra sociedad es la corrupción que enriquece o beneficia a unos pocos, pero perjudica a las mayorías.

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