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La presidenta de Chile, Michelle Bahcelet durante la ceremonia de aniversario por el golpe militar a Salvador Allende.
6:37 pm. Lunes 11 de Septiembre de 2017
En aniversario de golpe a Allende, militares chilenos negaron tener información sobre desaparecidos
6:37 pm. Lunes 11 de Septiembre de 2017
Durante la dictadura de Augusto Pinochet (1.973 - 1.990), 33.000 chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas.

El Ejército de Chile negó este lunes que los oficiales activos de esa rama de las Fuerzas Armadas tengan "más información" sobre el paradero de los detenidos desaparecidos que dejó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

"Hoy con mucho orgullo podemos decir que no tenemos ningún requerimiento pendiente en cuanto a las causas de derechos humanos", señaló a la prensa el comandante en jefe, general Humberto Oviedo.

Tras subrayar que en el Ejército "no hay ninguna restricción de entregar información", Oviedo puntualizó que son los militares de aquella época quienes han respondido ante la justicia. "El Ejército no puede responder por ellos", recalcó.

El comandante en jefe hizo estas declaraciones al ser consultado sobre el proyecto de ley que levanta el secreto de los testimonios prestados ante la Comisión Valech, instancia que documentó las torturas que sufrieron miles de chilenos durante la dictadura,

Esta iniciativa, que pretende "contribuir a la verdad, la justicia y la reparación", será discutida con urgencia en el Parlamento, anunció la presidenta del país, Michelle Bachelet.

La mandataria presidió este lunes un homenaje al derrocado mandatario Salvador Allende y a los demás caídos hace 44 años, cuando tuvo lugar el golpe de Estado que dio inicio al régimen militar.

Los candidatos presidenciales de centroizquierda que asistieron a la ceremonia, realizada en el Palacio La Moneda, sede del Ejecutivo, respaldaron la propuesta de la jefa de Estado.

"Es una manera concreta de contribuir a la reconciliación", sostuvo el senador oficialista Alejandro Guillier, quien confía en que el Parlamento apoye esta iniciativa.

"Mientras en Chile haya un detenido desaparecido, la tarea va a estar pendiente y la herida abierta", agregó el también candidato presidencial.

En tanto, la candidata presidencial de la coalición izquierdista Frente Amplio, Beatriz Sánchez, coincidió "plenamente" con el proyecto de ley que impulsa el Gobierno de la presidenta Bachelet.

Al respecto, la senadora y candidata democristiana, Carolina Goic, expresó en su cuenta de Twitter que Chile necesita "avanzar en reconciliación y tolerancia", pero antes hay que llegar "a la verdad y poner fin a los pactos de silencio", remarcó.

"Valoramos que (la presidenta Bachelet) siga empujando los límites de lo posible en materia de derechos humanos", subrayó por su parte el candidato del Partido Progresista, Marco Enríquez-Ominami, hijo del fundador del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), Miguel Enríquez, asesinado en dictadura.

La Comisión Valech, constituida durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), estableció con base en testimonios de víctimas, victimarios y testigos, que 33.000 chilenos fueron torturados y encarcelados por causas políticas durante la dictadura, pero determinó un secreto de 50 años sobre su contenido.

Esto ha impedido que las víctimas puedan aportar datos cuando recurren a la Justicia en busca de alguna reparación del Estado por el daño sufrido.

La iniciativa anunciada este lunes por Bachelet, que pondría fin a este secreto de décadas, también fue celebrada este lunes por organizaciones de derechos humanos y familiares de detenidos desaparecidos y de víctimas de la dictadura, que hace años esperan saber el paradero de sus seres queridos.

Los candidatos presidenciales progresistas también estuvieron de acuerdo con el eventual cierre de Punta Peuco, una cárcel construida especialmente para violadores de derechos humanos.

Hace algunos meses, Bachelet anunció que antes de finalizar su mandato, en marzo de 2018, cerrará este recinto ubicado a las afueras de Santiago, para enviar a sus 130 internos a prisiones comunes.

EFE

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