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El daño patrimonial de los dos negocios jurídicos asciende a la suma de $4.318 millones.
8:11 am. Martes 31 de Julio de 2018
Procuraduría solicitó a Cardique suspender dos contratos por más de $37.000 millones
8:11 am. Martes 31 de Julio de 2018
El daño patrimonial de los dos negocios jurídicos asciende a la suma de $4.318 millones.

La Procuraduría General de la Nación solicitó al director general de la Corporación Autónoma del Canal del Dique (Cardique) la suspensión inmediata de la ejecución de los contratos 120 y 121 de 2007 en los que se han invertido más de $37.000 millones de pesos.

La petición fue realizada dentro de las acciones disciplinaras que adelanta la Procuraduría desde marzo de 2018 en contra del director general de Cardique, Olaff Puello Castillo, y la exsubdirectora de Planeación, Ana Oyaga Arias, por presuntas irregularidades contractuales. 

Los contratos en mención corresponden, el 120 al realizado entre Cardique y el Consorcio Interventorías de la Ciénaga y tiene por objeto ejecutar la interventoría del mejoramiento hidráulico y saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas a la Ciénaga de La Virgen. "En su ejecución se han invertido $1.449 millones, con cuatro contratos adicionales por $724 millones", añade la Procuraduría.

Mientras, el contrato 121 de 2007 fue suscrito entre Cardique y el Consorcio Ciénaga de la Virgen, conformado por Construcciones Hilsaca Ltda y Servicios de Dragados Construcciones S.A., para ejecutar el mejoramiento hidráulico y saneamiento ambiental de los arroyos y canales que vierten sus aguas a la ciénaga.

"En este negocio jurídico por $22.173 millones, que se suscribió el 29 de junio de 2007 con vigencia hasta el 17 de octubre de 2021, se han celebrado cuatro adiciones y un reajuste de precios, que representa una inversión de $35.451 millones", se lee en un comunicado del Ministerio Público.

 Entre otros aspectos, el órgano de control advirtió que Cardique le estaría permitiendo al Consorcio Ciénaga de La Virgen la constitución del encargo en calidad de fideicomiso, con el cual estaría entregando la disposición sobre los recursos públicos que financian el contrato 121 de 2007.

Según el informe técnico de la Dirección Nacional de Investigación Especiales y de la Contraloría General de la República, "el daño patrimonial de los dos negocios jurídicos asciende a la suma de $4.318 millones".

 

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