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En total fueron capturadas 9 personas.
2:44 pm. Viernes 12 de Octubre de 2018
Capturan a 9 personas que se hacían pasar por una comunidad indígena para estafar
2:44 pm. Viernes 12 de Octubre de 2018
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Y arrasar miles de hectáreas de bosque nativo.

La Fiscalía judicializó a 9 presuntos integrantes de una organización delincuencial,  señalados de usar como fachada un resguardo indígena para vender títulos ancestrales falsos en terrenos baldíos, privados o de reserva forestales en Putumayo.

Según el ente acusador, "la acelerada deforestación en un área de especial protección en la Amazonía colombiana, en zona rural de Orito (Putumayo), alertó a las autoridades ambientales sobre los efectos nefastos para la fauna y las fuentes hídricas".

Autoridades  verificaron "la tala indiscriminada de bosque nativo y maduro, conformado por variedades de conservación nacional como amarillo y arenillo, la destrucción del hábitat natural de múltiples especies silvestres y caza ilegal, entre otros daños al ecosistema ocasionados por la constitución de asentamientos humanos que pertenecerían a un supuesto resguardo indígena que se autodenominaba Gran Jardín de la Sierra".

La Fiscalía General de la Nación y la Dijin de la Policía Nacional dispusieron de un equipo especializado, que puso en evidencia un presunto engaño en masa orquestado por una banda delincuencial conocida como Los Herederos, tras varias denuncias por invasión de terrenos privados y estafa.

La organización criminal se habría hecho pasar como comunidad indígena, sin tener identidad ni arraigo que constara esa condición, y vendía títulos de propiedad de 30 y 50 hectáreas en la vereda El Líbano, en Orito (Putumayo), con el pretexto de hacer uso de suelo ancestral, cuando en realidad usurpaban la propiedad privada, ocupaban lotes baldíos y arrasaban miles de hectáreas de bosque.

Adicionalmente, ofrecían a los compradores ganancias y reconocimiento como integrante de la comunidad. Los Herederos tendrían víctimas en Putumayo, Huila, Cauca, Tolima, Nariño, Valle del Cauca y Caquetá, y hay 40 casos documentados; sin embargo, el número de afectados podría ser superior, porque el presunto resguardo acredita más de 3.500 familias, algo más de 12.000 miembros de la comunidad.

Estafa ‘ancestral’​

La organización criminal se habría hecho pasar como comunidad indígena.

De las acciones ilícitas de Los Herederos hay evidencia desde 2011.  La Fiscalía y la Dijin constataron que los señalados cabecillas obtuvieron copia de la escritura pública de origen colonial 509 del 13 de enero de 1906, con la que la corona española entregó un área de 293.647 hectáreas a las comunidades indígenas de San Bartolomé de Males.

Con la apariencia de organización indígena los señalados delincuentes habrían vendido títulos de propiedad que oscilaban entre $150.000 y $15’000.000 con la promesa remuneratoria de obtener mensualmente $4’000.000 y anualmente hasta $170’000.000.

A los interesados, presuntamente, les explicaban que los dividendos provenían del mecanismo REDD+, en el que países industrializados aportan dinero a programas de reducción de emisiones de gas carbónico.

Además garantizaban a los compradores de los títulos el reconocimiento de indígenas, con el supuesto de que recibirían subsidios de salud, educación y evitarían que sus hijos prestaran el servicio militar obligatorio.

Engaño al descubierto 

En poder de la Fiscalía hay 13 oficios de la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio de Interior, en los que fue negado el registro al resguardo Gran Jardín de la Sierra. Asimismo, la Agencia Nacional de Tierras rechazó la misma solicitud y, con un estudio etnológico, precisó que el 83% de la población no es indígena y que las personas que presuntamente lo conforman no tienen identidad ni pertenencia étnica ni cultural.

Por el engaño al que habrían sometido a más de mil personas, la Fiscalía obtuvo 9  órdenes de captura contra los principales representantes del resguardo Gran Jardín de la Sierra, que serían los integrantes de Los Herederos.  Las detenciones se cumplieron en procedimientos realizados por investigadores de la Dijin en Cali (Valle del Cauca), Piamonte (Cauca) y Orito (Putumayo).

Los capturados son:

- Julián Otero Salazar, quien fungía como vicecacique indígena del Resguardo Gran Jardín de la Sierra. En nacido en la Cumbre (Valle del Cauca) y sería el encargado de poner en marcha todo el plan de venta de los títulos.  Durante las diligencias de registro y allanamiento a su casa en Cali fueron encontrados cerca de 850 títulos falsos y equipos electrónicos con información posibles víctimas.

- Jesús Hernán Román Fajardo Pejendino, supuesto cacique del resguardo y la persona que, al parecer, firmaba los títulos.

- Daniel Belalcazar Medina, presunto coordinador del proyecto Redd + en el resguardo. Nacido en Cali (Valle del Cauca).

- Óscar Daniel Belalcazar Castillo, señalado de manejar la contabilidad de la venta de títulos y administrador de la página web. Oriundo de Cali (Valle del Cauca).

- Julián Cardona Henao. Figura como primer gobernador del Resguardo Gran Jardín de la Sierra. Se constató que nació en Circacia (Quindío) y no tiene arraigo indígena.  Braulio Aguilar Yustes, quien era el supuesto concilio de la comunidad indígena, encargado de dirimir los conflictos. Sería vendedor de los falsos títulos.

- Cedulfo Rodríguez Silva, señalado vendedor de títulos.

- Javier Humberto Tucurí Marín, coordinador de la asociación indígena en Orito (Putumayo).

- Dayara Jelicsa Valencia Bolaños, presunta secretaria del Resguardo Gran Jardín de la Sierra. Esta joven acaba de cumplir 19 años y sería la encargada de tramitar los títulos desde 2012, es decir que los habría firmado desde que tenía 13 años de edad.

Estas nueve personas fueron presentadas ante un juez de control de garantías en Cali (Valle del Cauca) y un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos – Grupo Recursos Naturales y el Medio Ambiente les imputó los delitos de: ilícito aprovechamiento de los recursos naturales renovables, daños en los recursos naturales, concierto para delinquir, estafa, invasión de tierras o edificaciones y fraude procesal.

Por solicitud de la Fiscalía todos los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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